Proceso Inquisitorial de Manuel de Mella

Manuel de Mella fue declarado hereje, apóstata y judaizante, así como fautor y encubridor de otros herejes. El tribunal determinó que había abandonado la fe católica para seguir la “reprobada, caduca y muerta ley de Moisés”, creyendo erróneamente alcanzar la salvación en ella, lo que derivó en excomunión mayor, confiscación de bienes e inhabilitación jurídica y social. Todos sus bienes fueron aplicados a la cámara y fisco real desde el momento en que comenzó a cometer los delitos de herejía.

No obstante, el Santo Oficio consideró que Manuel de Mella mostró señales de contrición y arrepentimiento sincero durante sus confesiones, solicitando perdón a Dios y manifestando su voluntad de vivir y morir en la fe católica. En atención a esta disposición los inquisidores resolvieron admitirlo a reconciliación, subrayando el principio teológico de que Dios prefiere la conversión del pecador antes que su muerte.

La sentencia impuso una compleja penitencia pública y perpetua: debía comparecer en el auto de fe con signos visibles de humillación —vela verde, soga al cuello y hábito penitencial con aspas de San Andrés—, abjurar públicamente de sus errores y ser absuelto de la excomunión. A pesar de la reconciliación, fue condenado a cárcel y hábito perpetuos, a prácticas religiosas obligatorias, a doscientos azotes públicos y al destierro perpetuo de las Indias, Sevilla y Madrid, con obligación de presentarse ante el tribunal inquisitorial de Sevilla. Además, se le declaró inhábil para ocupar cargos, portar bienes de prestigio o ejercer honores, estableciendo su castigo como ejemplo y advertencia ante cualquier recaída futura. De esta manera, la supuesta misericordia del Tribunal resultaba la imposibilidad de una existencia futura íntegra y digna.